LEY MORDAZA: LE CORTAN LAS GARRAS PERO NO LOS COLMILLOS

Emilio Palacio

Foto: API

¿Qué hubiese ocurrido si ya se hubiesen aprobado las reformas a la Ley Mordaza que se discuten en la Asamblea Nacional, y un medio de comunicación o un periodista hubiesen publicado el siguiente titular el pasado 20 de octubre: 

“Fernando Alvarado se fuga y se burla de las autoridades. La policía investiga si tuvo cómplices en el ministerio de Justicia”. 

Algunos creen que no pasaría nada, ya que la nueva ley desterrará la experiencia sombría de los últimos diez años, dicen. 

Pero las reformas no son tan amigables con la libertad de expresión. Da la impresión más bien de que a la hiena le cortarán las garras pero le dejarán intactos los colmillos. 

Con la nueva ley, el medio y el periodista que publicasen este imaginario titular podrían ser condenados a tres años de cárcel y a pagar una reparación económica considerable. El periodista podría perder además su acreditación; y el medio, si fuese una radio o un canal de TV, perdería su frecuencia.

La nueva Supercom se llama “Acción de protección” 

Para acallar a los autores del supuesto titular sobre la fuga de Alvarado, los enemigos de la libertad de expresión acudirán ante un juez (independiente y pulcro, como son nuestros jueces) para que emita una acción de protección contra el periodista y el medio, acusándolos: 

-De no incluir en la nota todos los antecedentes y detalles de la fuga de Alvarado que ellos crean pertinentes, de acuerdo con el art. 10 de la nueva ley que obliga a “respetar los presupuestos constitucionales de contextualización y contrastación en la difusión de información”.

-De haber informado que “la policía investiga si (Fernando Alvarado) tuvo cómplices en el Ministerio de Justicia”, violando el art. 30 que restringe el acceso a la “información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa”.

-De haber identificado a Fernando Alvarado por su nombre completo y no por sus iniciales, violando el Código Integral Penal que prohibe publicar el nombre competo de un sospechoso. 

-De no haber publicado la versión de Alvarado y de las autoridades, violando el art. 27 (3, a) que obliga a publicar “en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas” cuando la información se refiere a “hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial”.

-De tergiversar la noticia, ya que Alvarado no se fugo de la cárcel y quizás no se fugó del país, por lo cual se violó el art. 27 (3, b), que prohibe “omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas”. 

-De no mencionar en el titular que Alvarado se sacó el grillete, lo que contradice el Art. 27 (4, e), según el cual se debe “cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias”. 

-De mezclar en un mismo título la fuga de Alvarado, que es una noticia, con la supuesta burla a las autoridades, que es una opinión, violando el art. 27 (4, f), que obliga a “distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones”

¿Cuáles serán las opciones para el medio y el periodista?

Acogiéndose a todos estos artículos, los enemigos del periodista y del medio podrán pedirle al juez que en su acción de protección los obligue a ofrecer disculpas y a publicar una réplica con las mismas características, dimensiones, página o sección de medios impresos, o en el mismo programa en el plazo de 72 horas, según mandan el art. 24 y el art. innumerado 2 de las reformas.

Para evitarse problemas, el periodista y el medio podrían acatar la disposición del juez, humillándose en público y cuestionando su propia credibilidad. Pero no se salvarán de pagar una reparación económica, de acuerdo con el artículo 49 que da atribuciones al Cordicom (Consejo de Regulación de la Información) para ejecutar “los mecanismos de reparación introducidos en el marco de esta ley”. 

Como la nueva Ley Mordaza no aclara cuáles serían esos “mecanismos de reparación”, le tocará al presidente de turno incluir en el reglamento los que mejor le parezcan, sin descartar el pago de sumas millonarias. 

En cambio, si el periodista o el medio no rectifican ni se disculpan, se los acusará de desacato a una orden judicial, delito cuya sanción está contemplada en el artículo 282 del Código Penal Integral: “La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

El periodista además podrá perder su acreditación, según el art. 42 de la nueva ley, que le dará esa atribución “al estado” (es decir al gobierno, si así se lo determina en el reglamento de la nueva ley), para “acreditar a los trabajadores de la comunicación”. 

Y si se trata de un canal de TV o una radio, entonces podrá perder además la frecuencia del espectro radioeléctrico, según los artículos 110 y 111, que establecen que las frecuencias serán distribuidas según “el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por la ley y la autoridad de telecomunicaciones”.

¿Entonces no tienen nada de bueno las reformas a la Ley Mordaza?

Las reformas que se discuten en la Asamblea sí incluyen algunos logros importantes:

-Desaparece la Supercom y las sanciones económicas contra los medios (aunque habrá que pagar las multas ya impuestas).

-Se elimina el “linchamiento mediático”, que impedía hacer seguimiento a las pillerías de los funcionarios públicos.

-Deja de ser obligatoria la cobertura de los “hechos de interés público” (que en realidad eran “los hechos que le interesan al gobierno”).

Celebramos estos triunfos como grandes conquistas de legisladores, periodistas, medios de comunicación, organismos de derechos humanos, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH y ciudadanos que nunca dejaron de defender la libertad de expresión. 

¿Pero debemos dejar de denunciar por eso que la libertad de expresión sigue amenazada, y que la nueva ley es una Ley Mordaza maquillada? 

Algunos colegas contestan que no debemos quejarnos sino aplaudir, porque estas tres reformas eran lo máximo que se podía conseguir ya que no había votos en la Asamblea para más. 

Pero cuando un ladrón nos roba, y no nos dispara ni nos clava un puñal, nos alegramos por supuesto, pero no dejamos de acudir a la Policía para denunciar al delincuente, porque si no lo atrapan, intentará hacernos daño de nuevo.